no al cierre de paginas web

[rafacadiz]

El gobierno contra los ciudadanos digitales

Julio Alonso 19 de marzo de 2010


El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley de economía sostenible y de anunciar que lo envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Todavía habrá que agradecerles que no lo aprueben por la vía rápida mediante un Decreto-Ley. Han transcurrido tres meses y medio después de que el lobby internacional del copyright introdujese, en un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que nada tenía que ver con la propiedad intelectual, una ominosa Disposición Final Primera destinada a cerrar impunemente páginas web sin intervención judicial. En el camino queda una fuerte movilización en internet, falsas promesas de volver a ser recibidos para consultas, las críticas de varios de los organismos pertinentes consultados sobre la misma y unas pequeñas modificaciones cosméticas en el texto que no varían en absoluto el alcance y espíritu de las medidas.


En síntesis lo que tenemos es un proyecto de ley que, salvo que algo cambie radicalmente, será aprobado sin modificaciones o con cambios mínimos por el parlamento, y que permitirá a una comisión administrativa dependiente del ministerio de cultura cerrar las páginas web que le parezca pertinente. Para empeorar todavía más el asunto, la composición de dicha comisión no se establece en la ley ni se conoce, aunque todo apunta a que en ella estarán presentes las entidades de gestión. Una vez decidido el cierre, un juez revisará que no se vulneran la libertad de expresión o de información, pero no entrará en el fondo de la cuestión. No revisará si efectivamente hubo o no una vulneración de derechos de propiedad intelectual. Ante este cierre, cabrá recurrir por la vía ordinaria y ver si después de unos años la justicia te da la razón y puedes volver a abrir tu web. Eso sí, incluso si al final ganas, olvídate de que alguien te vaya a compensar. Es, con toda claridad, una justicia paralela. Una justicia que no es justicia.


La defensa de la propiedad intelectual se convertirá así en la gran excusa para censurar y controlar internet. Cualquier página web es susceptible de estar infringiendo derechos de propiedad intelectual desde el punto de vista de los interesados, que serán muy probablemente los que controlen la comisión. Se impondrá la interpretación de que enlazar a contenidos protegidos equivale a publicarlos, aunque los jueces se empeñen en decir lo contrario. Y con ello todas las webs con enlaces, y la estructura misma de Internet estarán en peligro. Así, se podrán cerrar páginas molestas de todo tipo. Es más, si funciona como pretenden sus impulsores, ni siquiera esto hará falta. Habrán creado un régimen de autocensura suficiente para que la gente no se atreva a publicar según qué cosas. O para que una simple amenaza de denuncia ante la comisión baste para que se retiren los contenidos o críticas no deseados.


El envío al parlamento del proyecto de ley en estos términos, y más en las circunstancias en las que se ha hecho (sin dar a conocer el texto, sin mencionarlo en rueda de prensa, sin mencionarlo en un dossier de más de 60 páginas, sin permitir que hubiera preguntas sobre el tema en la misma), viene a consumar una importante brecha digital entre la sociedad en internet y nuestra clase política, con el gobierno al frente.


Internet se ha convertido en una plataforma de comunicación, de expresión, de información y de innovación sin precedentes en la historia de la humanidad. Es, sin duda, un elemento clave para el progreso de las sociedades modernas. Es a la sociedad del siglo XXI lo que la electricidad fue a la de finales del XIX. La base sobre la que se construye la sociedad del futuro, sobre la que se cimientan todas las demás innovaciones. Pretender impulsar la economía sostenible y la innovación de espaldas a internet es no haber entendido nada. Es condenar a España a perderse la revolución digital, de la misma forma que nos perdimos la revolución industrial.


La clase política, con la complicidad de buena parte de los medios tradicionales, ha calculado que la protesta de internet no iría a más. Que estaba hecha de gaseosa. Que con manejar bien los mensajes, como han hecho siempre, bastará para que el asunto se olvide, para que no haya movilización ni contestación, para que se quede en unos pocos protestando en el vacío, sin ninguna repercusión en el mundo físico. Ellos están organizados. Saben cómo moverse, como influir. Saben cómo hacer para que un asunto pase inadvertido, para que no se pregunte por él. Y piensan que, esta vez también, van a salirse con la suya.


Yo creo que no. Que hemos traspasado ya un umbral invisible pero importante. Que el número de personas que están en internet, que la usan todos los días y que la valoran como algo realmente imprescindible en sus vidas es mucho más alto de lo que los políticos se imaginan. Somos muchos los que consideramos que el tratamiento que se haga en política de internet es un asunto clave. Capaz de cambiar nuestro voto. Capaz de hacer que nos movilicemos y nos organicemos. Si nos atacan, nos defenderemos. En nuestro terreno encontraremos medios tecnológicos para esquivar sus intentos de control y de censura. En el suyo poco a poco iremos ganando espacios. Iremos organizándonos, iremos actuando.


Sé que no somos decenas de millones. Pero también sé que cada día somos más. Y que cada día tomamos más conciencia de nuestro número y de nuestro poder para cambiar las cosas. No será cosa de unos días. Puede que no consigamos parar esta ley. Pero estamos creciendo, estamos haciéndonos más fuertes. Y estamos tomando nota.

Antorchas en la Biblioteca

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El día de la Sinde





Hoy el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Economía Sostenible incluída una Deposición final que permitirá cerrar webs de aquella manera, a la suya.


Hoy el ministerio de cultura español pondrá la guinda a una gilipollez que hará pasar a su ministra a la historia del despropósito y el ridículo.


El día de la Sinde, día de la bestia.


Hoy se aprueba la Ley Sinde


En un Consejo de Ministros que se celebra en Sevilla, el Gobierno aprobará mañana sin cambios -salvo sorpresa de última hora- la Ley de Economía Sostenible cuya Disposición Final Primera incluye la normativa para regular Internet, con un procedimiento que permitirá bloquear o cerrar páginas web de descargas de archivos protegidos por derechos de autor mediante una denuncia ante la Comisión de Propiedad Intelectual. Un Reglamento determinará la nueva estructura de Cultura mientras que la Ley ha previsto un proceso -en el caso de no desistir por vía administrativa- de un máximo de cuatro días. Se hace caso omiso a las 1.174 páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, al rechazo de los internautas a través de Red SOStenible (de la que BandaAncha.eu forma parte) o Asociación de Internautas, las objeciones del Consejo General de Poder Judicial y el Consejo Económico y Social o las críticas del Consejo Fiscal. El Gobierno ya tiene marcada una hoja de ruta al dictado de los artistas y entidades de gestión así como de EEUU y su acuerdo comercial ACTA.


Entretanto, los jueces han decretado que "las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual". Parece que el Gobierno pretende dar carpetazo a las sentencias, muchas penales y una civil, que absuelven una y otra vez a los internautas. De un plumazo con la LES se modifica la legislación y se deja fuera a la Magistratura. Todavía quedará un escollo por resolver si se aprueba: la cuestión de inconstitucionalidad pero ese capítulo aún está por llegar.


"Cuando la realidad social ha permitido que todos los ciudadanos puedan copiar y compartir libremente sus bibliotecas, la norma deviene inútil. En el ámbito de la Propiedad Intelectual, una normativa basada en la persecución de la copia, o del enlace a la copia, no sirve absolutamente para nada. El objetivo de la Ley Sinde no es otro que cerrar, a cualquier precio, las llamadas "páginas de enlaces". Webs cuyo contenido fundamental son enlaces a archivos compartidos por los usuarios, que en buena parte son copias de obras protegidas por derechos de autor (...) Se parte de un presupuesto erróneo: un número finito de páginas, cuantificado en aproximadamente 200 páginas por los impulsores de la censura. Y se olvida de la médula del problema: el hecho evidente de que las copias seguirán existiendo, multiplicándose hasta el infinito, al igual que los enlaces" - Carlos Sánchez Almeida




El Gobierno lleva la ley antidescargas al Consejo de Ministros sin cambios



El Gobierno aprobará en Sevilla este viernes la Ley de Economía Sostenible y junto a ella una de sus propuestas más polémicas: el cierre de páginas webs de descargas que se considere que infringen los derechos de autor.

La ley, que puso en pie de guerra a la Red, obtendrá el visto bueno coincidiendo con la festividad de San José.

El ministerio de Economía publicaba el pasado mes de enero el texto final del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, modificado para que sean los jueces de la Audiencia Nacional los encargados de decidir en un plazo máximo de cuatro días si se puede o no cerrar una web acusada de descargas ilegales.

* El Gobierno modifica la norma "antipiratería" incluida en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible
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Moncloa pone así en marcha un procedimiento exprés, reservado para la protección de los derechos fundamentales, para cerrar webs de descargas ilegales y para ello deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin cambios a pesar de los 'peros'

El proyecto de Ley se remitió a varios organos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Social y al Consejo de Estado.

El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.

La Fiscalía ve dudoso equiparar la propiedad intelectual con un derecho fundamental

Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de los derechos fundamentales.

Sin embargo, según ha avanzado a rtve.es Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, "no habrá ningún cambio según nos han dicho" en el texto que se apruebe en el Consejo de Ministros. Navarro afirma que la Coalición se siente por ello "satisfecha" ya que desde las entidades de gestión se ha pedido en todo momento que la Ley "siga adelante".

Quedan por conocer las conclusiones del informe del Consejo de Estado, un organismo que todavía no se ha pronunciado y que tal vez pudiera influir en el último momento en la redacción definitiva del texto.
Las claves de la Ley Antidescargas

* La ley crea la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura que será la que reciba una denuncia de un autor o particular contra una web de descargas. En esta Comisión estarán presentes miembros de la industria cultural.
* Posteriormente se advertirá al propietario de la página denunciada de que debe retirar los enlaces o contenidos que según la comisión violan la propiedad intelectual.
* Si la página web no retirara los contenidos considerados ilegales, la Comisión acudirá a la Audiencia Nacional, en particular los juzgados centrales de lo Contencioso administrativo, que deberá decidir en un máximo de cuatro días sobre el cierre.
* En el proyecto de Ley destaca el siguiente párrafo: "La sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial.
* Queda abierta así la interpretación de quién vulnera la propiedad intelectual ya que entrarían no sólo las webs que se lucren con contenidos protegidos por la propiedad intelectual sino también aquellas que, aún no teniendo publicidad "pretendan causar un daño patrimonial".
* Tras su paso por el Consejo de Ministros, la Ley tiene que pasar por el Parlamento para su tramitación y hasta verano de 2010 no entraría en vigor.

El presidente de la Coalición de Creadores afirma que desde su organización esperan que se puedan introducir algunos cambios en el trámite parlamentario.

"Un punto importante es la modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil que permita que los jueces de lo civil puedan tramitar infracciones de propiedad intelectual en internet", afirma.
¿Quién formará la Comisión de Cultura?

En el anteproyecto de Ley de Economía no se menciona quiénes formarán parte de la Comisión dependiente de Cultura encargada de decidir qué webs vulneran la propiedad intelectual y por lo tanto deben cerrarse.

Los detalles de la composición de esta Comisión se desarrollarán en un reglamento, aunque podría quedar compuesta de la siguiente forma:

* Un juez de prestigio
* Representantes de los creadores
* Representantes de los consumidores e internautas


El Gobierno lleva la ley antidescargas al Consejo de Ministros sin cambios - RTVE.es

Un cargo de UGT habla de "detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual"


El secretario sectorial de Comunicación Social, Cultura y Deporte de UGT, Carlos Ponce, abogó por una modificación del modelo de negocio para que se pueda acceder a "más cultura por un precio más bajo", pero también por cambios en la mentalidad de los usuarios y cambios legislativos.


Preguntado por el impacto de sentencias como la publicada esta semana en España, que desestimó una demanda de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la web elrincondejesus.com, Ponce confió en que salga adelante en las próximas semanas la propuesta Ley de Desarrollo Sostenible (la 'Ley Sinde'), para "detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual".


Indicó que de ello se encargaría una nueva comisión parlamentaria que se establecería con representantes de la industria y de los consumidores

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Viva la Pepa




Según ha declarado el Presidente del Gobierno, Don José Luis Rodríguez

Zapatero, el próximo viernes 19 de marzo un Consejo de Ministros reunido al efecto en Sevilla aprobará el Proyecto de Ley de Economía Sostenible.


Si finalmente se cumpliese con lo anunciado, se trataría de una cruel ironía. El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, popularmente conocida como La Pepa, mediante la que se estableció el principio constitucional de separación de poderes. Según se disponía en su artículo 17, la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales residía, a partir de la aprobación de La Pepa, en los Tribunales establecidos por la ley.


La Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible contraviene el derecho al juez predeterminado, en la medida que se establece una jurisdicción ad hoc para cerrar páginas web que, a juicio de una comisión administrativa, puedan vulnerar derechos de propiedad intelectual. Una disposición legal de tales características quebrantaría no sólo lo establecido en la Constitución de 1978, sino lo dispuesto en la mismísima Pepa de 1812. Aprobar una ley semejante un 19 de marzo es un sarcasmo mayúsculo.


Esta semana tengo que viajar, precisamente a Sevilla, por lo que no podré dedicar mucho tiempo al blog. Pero no quisiera ausentarme sin proponerle una reflexión al Presidente del Gobierno.


El pasado sábado 13 de marzo se conoció la sentencia de un juez español, Raúl García Orejudo, en la que se establece que los enlaces de Internet y las redes P2P no constituyen ilícito alguno. ¿Le recuerda algo la fecha, señor Rodríguez Zapatero?

Un 13 de marzo de hace seis años, las nuevas tecnologías aportaron un soplo de aire fresco a nuestra democracia, mediante un SMS masivo. Recuerdo muy bien aquella noche, y sobre todo recuerdo las conversaciones telefónicas que mantuve con un joven periodista, cuyo contenido sólo revelaré en mis memorias de ultratumba.


Aquel SMS nos dio una lección a todos, y anunció los cambios revolucionarios que las tecnologías de la comunicación iban a traer a nuestro sistema político. El concepto de jornada de reflexión cambió para siempre.


Aquel Gobierno sólo dispuso de 24 horas de reflexión. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispone de una semana para evitar un grave error político.


Yo le aconsejaría que emplease bien esta semana, reflexionando sobre los cambios trascendentales que el efecto combinado de Internet y telefonía móvil han traído a nuestra sociedad. Estamos en el ecuador de la legislatura, en el supuesto de que se agote el plazo constitucional. Tanto si las elecciones se convocan dentro de dos años, como si se convocan después del semestre de Presidencia Europea, la capacidad de movilización telemática de la sociedad española será infinitamente mayor que lo fue el 13 de marzo de 2004.


España necesita una economía sostenible, que no esté basada en la especulación a corto plazo, sino en una apuesta generacional por la educación y el conocimiento. La Red española puede jugar un papel fundamental en la construcción de un modelo duradero de paz y progreso. Legislar en contra del futuro puede ser un error trágico, de consecuencias incalculables.


Reflexione, señor Zapatero. Escuche, sobre todo, a las personas inteligentes que tiene sentadas en el Consejo de Ministros, y en especial a la que pronunció la frase más inteligente en lo que llevamos de legislatura, su ministra de Defensa. Los negocios privados no deben ser protegidos con cargo al erario público: quien quiera protegerse de la “piratería”, que contrate mercenarios.


Recuérdelo el próximo 19 de marzo. Y repita conmigo: Viva la Pepa. La auténtica.


si quereis ayudar visitar el No al cierre de webs



Jaque Perpetuo

[Arsgom]

Gracias por la info pero esto no va aquí, movido a la sección que corresponde

Un saludete