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LaLiga reactiva su ofensiva legal contra los usuarios de AceStream

La ofensiva de LaLiga contra el consumo no autorizado de fútbol vuelve a intensificarse, esta vez con un foco muy concreto: los usuarios de AceStream. Tras un periodo de aparente calma, el organismo presidido por Javier Tebas ha reactivado el envío de burofaxes a particulares, respaldado por un nuevo auto judicial que le devuelve margen de maniobra legal durante la temporada en curso. La clave del movimiento está en la propia naturaleza de la tecnología P2P, que convierte al espectador en parte activa de la retransmisión, permitiendo a LaLiga calificar el visionado como una forma de difusión ilícita. El auto, emitido por un juzgado mercantil de Córdoba en noviembre, abre la puerta a que las operadoras faciliten de forma continuada los datos personales asociados a direcciones IP detectadas cada jornada. Esto implica que la recogida de información no sería puntual, sino un flujo constante durante toda la competición, incluyendo nombre, DNI o dirección de instalación. Con este respaldo, LaLiga retoma un sistema similar al ya utilizado en campañas anteriores, que había quedado sin efecto por caducidad. Junto a la presión legal, llega una propuesta económica clara: el pago de 262 euros como vía para evitar un proceso judicial. La rebaja respecto a reclamaciones anteriores apunta a una estrategia orientada al pago rápido y a reducir la saturación de los tribunales. Paralelamente, la organización mantiene su pulso contra actores tecnológicos como VPNs, DNS o proveedores de infraestructura, mientras reclama en Europa un endurecimiento normativo y bloqueos más amplios. Todo este escenario dibuja un contexto en el que la privacidad del usuario que consume contenidos mediante redes P2P queda cada vez más comprometida, en una escalada que combina acciones judiciales, presión política y campañas disuasorias.

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