En 2016 la Comisión Europea emitió una
alerta por riesgo de descarga eléctrica referente a un cargador de Xiaomi, el CH-P002, que no cumplía ni con la norma europea EN 60950, ni con la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60884.
Esa
normativa se crea
para protegernos y es algo que cuesta dinero. Dinero que sale de nuestros impuestos.
El problema es que un aparato debe pasar por unas pruebas y análisis en el país de origen,
que debe pagar el fabricante, certificando que cumple con la normativa.
Los impuestos en Hong Kong son del 0%, porque es una región administrativa especial. El
IVA en nuestro país o cualquier otro, sin entrar en valoraciones mayores,
sirve para pagar los servicios públicos. Esto es una realidad, sin necesidad de meterse en debates de si fulanito robó o menganito despilfarró.
Los
aranceles, que tampoco pagarán imagino, sirven para proteger a las empresas que sí venden legalmente aquí sus teléfonos. O en otros sectores, para proteger a las empresas que fabrican aquí.
Los
servicios de atención técnica también dan trabajo en nuestro país: yo valoro tener un teléfono y no quedarme sin él varias semanas por tener que enviarlo a China. Y que me atiendan en mi idioma. También valoro que no me mareen con tener que flashear ROM adecuadas para mí.
Con las
patentes ocurre otro mismo. Los fabricantes deben pagar por el uso de patentes. Huawei y ZTE me consta que tienen muchas patentes y llegan a acuerdos con empresas que innovan como Apple.
Pero si una marca china usa una tecnología española (por poner un ejemplo que nos toque el amor patrio) y no paga los derechos de uso, ¿no se está perjudicando a la empresa que ha gastado dinero en innovar y crear nuevas tecnologías?
En definitiva, no creo que se trate de buscar culpables. Se trata como decía, de tomar conciencia de nuestro papel en la economía global, porque nuestros actos tienen consecuencias en otros sectores y ámbitos de nuestra sociedad.
